Una batalla sin fin para proteger los derechos de autor en fiestas y verbenas

La batalla para proteger los derechos de autor se ciñe contra las fiestas y verbenas musicales organizadas por cinco ayuntamientos de la provincia de Las Palmas en las que aparentemente se utilizaron canciones sin pedir permiso a sus creadores. La Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) se ha querellado en la última década contra los consistorios de Telde, Gáldar y Puerto del Rosario porque sostiene que vulneraron derechos de propiedad intelectual en una serie de eventos públicos que celebraron, a lo que la Justicia les ha dado la razón. Por otra parte, los autores tienen procedimientos judiciales en trámite y a la espera de resolverse contra dos ayuntamientos más.

El primer caso se remonta a las fiestas patronales y eventos que celebró Telde entre 2002 y 2008, durante una época de bonanza en la que el municipio no escaseó en actuaciones musicales. Sin embargo, la Sgae notificó que en algunos de estos eventos se utilizaron composiciones de su propiedad que no contaban con autorización y por las que no se había pagado, como conciertos de José Vélez o El Sueño de Morfeo, así que decidió presentar una demanda. 

El Ayuntamiento se acogió a que los espectáculos contaban con el permiso de los intérpretes que actuaron en las fiestas y los juzgados le dieron la razón en primera Instancia, pero los autores decidieron recurrirlo hasta el Tribunal Supremo y este confirmó en 2016 que las canciones no tenían el permiso de la Sociedad de Autores para ser utilizadas. La sentencia instó a la corporación a abonar la retribución de los actos públicos en los que se utilizó la música, pero le eximía de una multa por las actuaciones de artistas contratados porque no puede pagar dos veces por el mismo concepto. La corporación pública terminó por abonar cerca de 50.000 euros.

Tres corporaciones municipales han sido condenadas a pagar a la Sgae en los últimos 10 años

El Ayuntamiento de Gáldar también protagonizó un caso parecido por los espectáculos públicos celebrados antes de 2011. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas le condenó a pagar 15.232 euros, más intereses legales, y la Audiencia Provincial de Las Palmas tumbó el recurso de la administración en 2020. "El Ayuntamiento no ha logrado demostrar su falta de legitimación, ya que reconoce su colaboración y además se trata de unos festejos desarrollados en la propia calle y recintos municipales y dentro del ámbito de competencias del demandado", determina el tribunal.

La sentencia señala que "quien directa y materialmente infringe los derechos de autor es el intérprete o ejecutante, que sin la debida autorización de los autores comunica públicamente obras protegidas por derechos de propiedad intelectual", pero matiza que lo relevante es "quien explota en su beneficio derechos de patrimonio intelectual y obtiene a través de esa explotación ilícita un lucro o provecho económico". 

No pidieron la autorización

La Sgae también se querelló contra Puerto del Rosario por las fiestas, espectáculos y conciertos que organizó el Ayuntamiento entre 2017 y 2022, en las que no se solicitó permiso para utilizar composiciones protegidas por los derechos de propiedad intelectual. La Justicia dio la razón a los autores en una sentencia emitida en julio de 2023 e instó al Consistorio a pagar más de 100.000 euros a los perjudicados. 

Hay causas abiertas contra dos administraciones acusadas de no abonar los derechos

Por otra parte, la Sociedad General de Autores y Editores ha presentado querellas contra el Ayuntamiento de Yaiza y contra la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, a los que acusa de hechos similares en la realización de espectáculos públicos. El caso de Yaiza es el más reciente, mientras que el de la capital grancanaria se encuentra tramitándose y a la espera de que se emita una sentencia. 

También ha habido otros conflictos que han afectado a ayuntamientos de las Islas, pero que se han resuelto antes de llegar a los juzgados. Es el caso de Mogán, que aprobó en un pleno de 2016 un crédito extrajudicial de casi 17.000 euros para hacer frente a una deuda que arrastraba con la Sgae desde 2013 para evitar ir a los tribunales. El Consistorio sureño utilizó obras artísticas sin abonar el canon correspondiente de los derechos de propiedad intelectual en fiestas populares y actividades culturales celebradas hasta 2015.

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