El euríbor, el índice que se utiliza todos los meses como referencia para el cálculo de la mayoría de las hipotecas en España, ha cerrado diciembre en el 3,679 %, de manera que desciende por debajo del 4 % por primera vez en los últimos seis meses y supone la mayor bajada mensual en 14 años.
Esta bajada del euríbor producirá en hipotecas a 25 años un ahorro de 19 euros en la cuota mensual por cada 100.000 euros, y de 228 euros al año, cuya revisión sea semestral, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Sin embargo, el panorama no es tan alentador para que los decidan vivir o continuar de alquiler en el año 2024.
La escasez de viviendas en el mercado inmobiliario para alquilar y la alta demanda existente al respecto, hará que, previsiblemente, los precios de los arrendamientos continúen su escalada durante este año.
En la cabeza de los inquilinos ronda las preguntas de cuándo y cuánto me subirán el precio del alquiler, una preocupación que se acrecienta en los tiempos actuales tal y como está la situación del mercado. También hay propietarios que querrán ajustar sus rentas al precio real del mercado para no perder rentabilidad.
En mayo de 2023 entró en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda, que incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Esa legislación ofrece a las comunidades autónomas y municipios, diferentes herramientas para contener o reducir el precio del alquiler y aumentar el parque de vivienda en alquiler social.
En las zonas declaradas como tensionadas, como es el caso de las zonas turísticas y de las capitales, la Ley por el Derecho a la Vivienda contempla las siguientes opciones:
- Posibilidad de prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato.
- En nuevos contratos a nuevos inquilinos, limitación del alquiler a la renta del contrato anterior.
- Posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años.
Asimismo, se establece la posibilidad de aprobar sistemas de índices de precios de referencia por ámbitos territoriales estableciendo una base de datos de contratos de alquiler para realizar seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
¿Cuándo se subirá el precio del alquiler?
Salvo que el propietario y el inquilino hayan pactado lo contrario, la revisión del alquiler se hará anualmente, es decir, en la fecha en la que se cumpla cada año la vigencia del contrato.
El arrendador deberá comunicar en tiempo y forma a su inquilino cuánto le subirá el alquiler y el importe de la nueva mensualidad a pagar por este se deberá hacer efectiva desde el siguiente mes al que se le haya realizado la comunicación.
¿Cuánto será la subida del alquiler?
Un inquilino con un contrato de alquiler regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, durante 2024 “podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, con sujeción a las siguientes condiciones", establecidas en la nueva Ley de Vivienda, según la OCU:
- Si el casero es un gran tenedor (propietario de más de diez viviendas), el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que la variación anual de la renta pueda exceder del 3%. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.
- Si el casero no es un gran tenedor, la actualización del precio del alquiler será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta a aplicar no podrá ser superior al 3%.
En consecuencia, a partir de 2024, el índice máximo de actualización de la renta será del 3%, por lo que si pagamos 1.000 euros al mes, el propietario del inmueble podrá incrementar el precio del alquiler 30 euros mensuales (360 euros al año).
¿Cómo se evitan los desahucios?
La Ley por el Derecho a la Vivienda aborda también los desahucios y propone mejoras para garantizar una comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales que logre, así, una atención rápida a las personas en situación de vulnerabilidad.
Además, aboga por soluciones habitacionales para los afectados y, mientras estas soluciones llegan, se deberán ampliar los plazos de suspensión de los lanzamientos.
Otro de los aspectos que aborda la citada legislación es que cuando el demandante del desahucio sea un "gran tenedor" y la demanda de desahucio afecte a personas vulnerables, deberá acreditarse la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación.
